Con más de 30 mil casos de abuso sexual reportados en 2024, Delcy Isaza plantea una medida polémica pero contundente para proteger a niños, niñas y mujeres.
En medio del creciente clamor ciudadano por una justicia más firme frente a los delitos sexuales, la representante a la Cámara encendió el debate al manifestar su apoyo abierto a la implementación de la castración química como una medida judicial contra abusadores sexuales reincidentes.
“La justicia necesita herramientas reales para proteger a la infancia, la adolescencia y a las mujeres. No podemos seguir permitiendo que los agresores salgan de prisión y repitan sus crímenes. La castración química puede ser una medida efectiva y preventiva”, afirmó Isaza Buenaventura.
Las cifras en Colombia son contundentes. Según Medicina Legal, en 2024 se registraron 30.792 casos de violencia sexual, de los cuales el 85% de las víctimas fueron menores de edad. Además, la Fiscalía General de la Nación reportó que más del 20% de los agresores sexuales son reincidentes, lo que ha generado un fuerte llamado de la sociedad civil a endurecer las penas.
La exalcaldesa de Ríoblanco sostuvo que esta propuesta no pretende reemplazar las sanciones penales vigentes, sino complementar el sistema judicial con una herramienta médica y controlada, aplicada únicamente a agresores sexuales reincidentes y bajo supervisión judicial y médica estricta.
¿Qué es la castración química?
La castración química consiste en la administración periódica de medicamentos hormonales que reducen la libido y la capacidad sexual de quien la recibe. Países como Polonia, Corea del Sur y algunos estados de EE.UU. han adoptado esta medida para tratar de reducir la reincidencia en delitos sexuales.
“El objetivo no es la venganza, sino la prevención. Es hora de que Colombia ponga a las víctimas en el centro del debate”, enfatizó la congresista.
Aunque sectores ciudadanos aplauden la propuesta, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos éticos y médicos. Entre las preocupaciones están los efectos secundarios, la posible inconstitucionalidad de la medida y el respeto a los derechos fundamentales de los condenados.
No obstante, la legisladora aclaró que su propuesta contempla garantías procesales y solo aplicaría a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales graves y que, tras cumplir su pena, representen un riesgo latente de reincidencia.
Finalmente, Delcy Isaza, anunció que está trabajando en un proyecto de ley que será presentado en las próximas semanas. La iniciativa buscará abrir el debate en el Congreso y con organizaciones especializadas para establecer parámetros legales y éticos sobre su aplicación.
“Colombia necesita actuar con contundencia. Cada día que pasa, una nueva víctima sufre en silencio. No podemos seguir indiferentes”, concluyó.
