Por: Adriana Avilés Alvarado
Directora Nacional Corporación Tejido Humano
Colombia atraviesa una coyuntura política compleja. Mientras los territorios claman por inversión social, vías terciarias, conectividad, acceso digno a la salud y educación, el Gobierno nacional promueve una consulta popular que tendría un costo estimado de 700 mil millones de pesos, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. A ello se suman las movilizaciones frecuentes, cuyo impacto económico se calcula en más de 278 mil millones de pesos por día de paro, de acuerdo con cifras de Fenalco.
Todo esto ocurre en un contexto donde los recursos son escasos, y las necesidades son muchas. Las marchas convocadas desde la Presidencia, si bien pueden leerse como una forma de expresión democrática, también generan una percepción de campaña anticipada sin candidato oficial, y con una evidente intención de fortalecer estructuras políticas aliadas para el 2026.
Y es ahí donde debemos detenernos: ¿para quién están gobernando?, ¿para las comunidades o para los intereses políticos de turno?
Como mujer nacida en Ibagué, con experiencia directa en el trabajo territorial, puedo afirmar que las regiones necesitan menos polarización y más soluciones. Necesitamos que el gobierno mire el país desde el territorio, no desde los muros del Palacio de Nariño. La paz total, que en el discurso suena como el gran proyecto del cuatrienio, no se construye con consultas costosas ni con discursos, sino con inversión real en los territorios más olvidados: en nuestras veredas del Tolima, en el Catatumbo, en el Chocó, en La Guajira…
¿Cuáles son las prioridades que como país debemos asumir?
• Infraestructura social básica: Hay comunidades en donde aún se caminan horas para llegar a una escuela o a un puesto de salud. Las vías terciarias, la electrificación rural y el acceso a internet deben ser prioridad.
• Inversión en educación técnica y superior para jóvenes rurales, especialmente en regiones que han sido históricamente golpeadas por el conflicto armado. Un joven con oportunidades no cae fácilmente en las redes de economías ilegales.
• Fortalecimiento de la economía campesina y popular: programas como compras públicas locales, acceso al crédito y asistencia técnica real y continua.
• Salud digna: no podemos seguir tolerando que personas mueran esperando una cita médica. El sistema necesita una reforma estructural que piense en el paciente, no en los intereses burocráticos.
• Articulación real entre gobierno nacional y gobiernos locales: Las decisiones deben consultarse con los alcaldes, gobernadores, liderazgos sociales y comunitarios. El centralismo ha demostrado ser ineficiente. Colombia no es solo Bogotá.
La democracia se fortalece con diálogo y construcción colectiva, no con la polarización permanente. Un país no se gobierna en contra de nadie, sino con todos. Empresarios, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres, trabajadores, pensionados: todos hacen parte del mismo proyecto de nación.
Y es por eso, que el nuevo Congreso 2026, debe contar con liderazgos de base que tengan una voz crítica, pero sobre todo propositiva. Una voz que proponga puentes, no trincheras. Una voz que ponga en el centro al territorio, a las regiones, a lo que somos como país más allá de la coyuntura política.
En este momento, no necesitamos más campañas disfrazadas, necesitamos liderazgo que escuche, conecte y construya. Porque gobernar no es marchar: es transformar.
