El Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, revela falta de respaldo presupuestal y declara la continuidad del proceso licitatorio.
En un giro inesperado, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra envuelto en un escándalo luego de que el Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunciara la suspensión de la licitación para la elaboración de pasaportes. Esta medida surge tras la polémica adjudicación del contrato a la empresa Thomas Greg & Sons, desatando una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Murillo explicó que la decisión de suspender la licitación se debe a la falta de respaldo presupuestal para el contrato firmado por el exsecretario general, José Antonio Salazar. Según Murillo, los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso contractual no estaban disponibles, ya que el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente no se encontraba vigente desde octubre del año pasado.
El Canciller encargado también señaló que Salazar actuó de manera inconsulta y contraria a las instrucciones del Ministerio al firmar el contrato, lo que llevó a su posterior destitución por parte del presidente Gustavo Petro, quien lo calificó de «traidor». Murillo reveló que desde el 22 de febrero Salazar sabía que sería retirado de su cargo.
Declaración del Canciller (e), @LuisGMurillo
El despacho del Ministro de Relaciones Exteriores conserva todas las facultades y deberes que la Constitución y la ley le atribuyen.
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— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 27, 2024
Ante esta situación, Murillo anunció que el proceso licitatorio LP 003 de 2023 continúa en curso, con el objetivo de evaluar las observaciones recibidas y garantizar condiciones de competencia y transparencia. Sin embargo, aseguró que las sedes en Bogotá, las gobernaciones y los consulados seguirán prestando el servicio de pasaportes sin interrupciones, ya que el Contrato No. 356 está en ejecución hasta octubre de 2024.
Esta revelación ha generado un profundo malestar en el ámbito político y ha puesto en entredicho la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los ciudadanos esperan una pronta resolución de este escándalo y medidas que garanticen la transparencia y legalidad en los procesos de contratación del Gobierno.
