En Villavicencio se cumplió la cita de las mandatarias secciones. Al final firmaron un manifiesto con varias peticiones al alto Gobierno, que condensa las visiones de las gobernadoras de la compleja situación que está viviendo las regiones.
Al término de la Cumbre de Gobernadoras por La Paz y la Seguridad, realizada en Villavicencio, las mandatarias de los departamentos del Tolima, Adriana Magali Matiz, Valle, Dilian Francisca Toro, Meta, Rafael Cortés, del Chocó, Nubia Carolina Córdoba y Sucre, Lucy García, firmaron un manifiesto que resume las peticiones al alto Gobierno sobre las problemas que están viviendo en los territorios.
El documento, logrado luego de la convocatoria del Instituto de la Paz de Estados Unidos USIP, contiene los siguientes puntos que compila la visión de las mandatarias regionales:
1. Destacamos y reconocemos que los procesos de construcción de paz y las discusiones sobre las políticas de seguridad se enriquecen con las visiones de las mujeres. Nosotras como gobernantes escuchamos con mayor sensibilidad las necesidades de nuestras comunidades afectadas por la violencia. Le apostamos a la construcción de paz con un pilar fundamental de seguridad más proactiva para consolidar las transformaciones territoriales trayendo inversión social. Reconocemos el valor de las lideresas sociales que han ofrecido su vida por la paz y resaltamos la valentía con la que han afrontado las diferentes violencias que han atravesado sus cuerpos y la forma como han reconstruido el tejido social que el conflicto ha dañado.
2. El conflicto armado y las diversas manifestaciones de las violencias tienen sus particularidades en cada territorio. Por esto las diferentes instancias de diálogo y negociación que adelanta el gobierno con grupos armados y bandas criminales necesitan enriquecerse con las visiones de los mandatarios locales y regionales, y de diversos sectores de la sociedad civil, en especial de las mujeres que padecen el conflicto de una forma diferencial.
3. Es indispensable que los grupos armados ilegales renuncien al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, al uso de las violencias basadas en género en el marco del conflicto armado, a la instalación de minas y el confinamiento para avanzar en procesos de diálogo y negociación con el gobierno nacional. Hacemos un llamado para que los procesos en curso no afecten la seguridad ni la garantía de derechos de las comunidades, en especial de las víctimas del conflicto y de los liderazgos y defensores de derechos humanos. Y exigimos que a través de las mesas y espacios de diálogo se gestionen la desvinculación inmediata de menores de edad.
4. Hacemos un llamado para que se acelere los procesos de transformación territorial en zonas PDET y otros municipios afectados por las dinámicas actuales del conflicto a través de un nuevo relacionamiento del gobierno nacional con las autoridades territoriales, el compromiso de recursos y el avance concreto en temas sustantivos en las agendas de las distintas mesas de diálogo.
5. Los procesos de construcción de paz y seguridad necesitan mejor articulación entre el gobierno nacional y las autoridades regionales y locales. Es importante que instancias como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, las delegaciones del gobierno, los ministerios y las diferentes agencias del sector, tengan unidad de criterios, así como, discursos y acciones concretas hacia los territorios en materia de garantías de seguridad.
6. Los procesos de construcción de paz deben ir acompañados de una estrategia sólida de seguridad, que implique un fortalecimiento institucional en las regiones, un rol más activo de la Fuerza Pública en la protección de las comunidades, mayor inversión social y oportunidades para los jóvenes y las mujeres.
Para Adriana Magali Matiz, quien tuvo una activa participación en la construcción del documento y en la explicación a medios de comunicación, es necesario excluir a los menores y jóvenes colombianos del conflicto y es necesario que se escuche la voz de los mandatarios locales y regionales. “Estamos pidiendo que se haga un debido proceso de articulación, un proceso de articulación entre las entidades del orden nacional con los gobernadores y gobernadoras y también con los alcaldes y alcaldesas; porque ¿qué hacemos hablando de diálogos de paz si no hablamos o no metemos en las mesas a quienes conocen realmente el territorio, pues qué diálogo se va a tener ahí? Ese es el llamado que queremos hacer acá. Pero además de eso, la transformación del territorio; no vamos a poder lograr la seguridad y la paz si no hablamos de transformaciones en los territorios, y eso, también, lo decimos en esta declaración”, recalcó la mandataria tolimense.