Para el diputado del Partido Conservador, Giovanny Molina, esté un mensaje de responsabilidad fiscal y defensa de la institucionalidad.
En una sesión decisiva, el Congreso de la República rechazó con firmeza la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular, argumentando falta de viabilidad fiscal, riesgo de incremento en la informalidad laboral y un uso político de la iniciativa con miras a las elecciones presidenciales del 2026.
El voto mayoritario en contra, liderado por el Partido Conservador y acompañado por otras bancadas, fue calificado como un acto de “valentía y responsabilidad democrática”. Según los congresistas que se opusieron a la consulta, esta representaba un gasto excesivo de recursos públicos —más de 700 mil millones de pesos— en un momento en que el país enfrenta serias restricciones fiscales.
“Esta consulta era innecesaria. Muchos de los temas planteados podían resolverse mediante decretos o iniciativas legislativas. Además, varios de esos puntos ya habían sido debatidos y archivados por el Congreso en un ejercicio democrático”, señaló el presidente de la Asamblea del Tolima.
Además del alto costo, los congresistas advirtieron que la aprobación de esta consulta habría incentivado aún más la informalidad laboral en el país, generando riesgos para miles de trabajadores, afectando la estabilidad empresarial y profundizando la incertidumbre económica.
“Decirle no a esta consulta es también decirle sí a la responsabilidad fiscal y a la protección del empleo formal. No se puede improvisar con decisiones que afectan la vida de millones de colombianos”, agregó Molina Correcha.
El asambleísta también cuestionó las intenciones políticas detrás de la propuesta, acusando al presidente Petro de querer “revivir el fervor electoral” y “movilizar a las masas con fines populistas”, en lugar de gobernar con mesura y respetando los canales institucionales.
“Hacemos un llamado al respeto por la democracia. No se puede seguir incendiando el país por intereses electorales. El Congreso actuó conforme a la Constitución, y el Estado de derecho debe prevalecer sobre los impulsos del populismo”, concluyó.
La votación ha generado un intenso debate nacional, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado. Desde sectores independientes y empresariales se ha aplaudido la decisión del Congreso, mientras el Gobierno evalúa sus próximos pasos.
La negativa del Congreso obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia legislativa. Mientras tanto, los partidos que lideraron el voto negativo se preparan para defender, desde sus bancadas, una visión de país centrada en la responsabilidad fiscal, la estabilidad institucional y el respeto por la separación de poderes.
