La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció un plan de acción para supervisar rigurosamente los contratos de obras públicas en el Tolima, asegurando el cumplimiento de los términos acordados y la eficiente utilización de los recursos públicos.
En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la gestión de las obras públicas, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha declarado su intención de implementar un control exhaustivo sobre los contratos de obras públicas firmados bajo su administración. Este anuncio responde a la necesidad de asegurar que los recursos destinados a estos proyectos sean administrados con la mayor eficacia y eficiencia posibles, en beneficio de los ciudadanos del Tolima.
Durante una declaración pública, la gobernadora Matiz expresó su preocupación por la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura en el departamento y anunció su plan de visitar personalmente las obras para verificar su avance y la adherencia a los contratos establecidos. «Voy a ir a Betania, en El Espinal, porque tengo primero que verificar que esa obra se esté haciendo y se esté cumpliendo en los términos que están en el contrato», señaló Matiz.
Este enfoque no se limitará a un solo proyecto, sino que se extenderá a todas las obras actualmente en curso y a las futuras. La gobernadora hizo énfasis en la importancia de que los contratistas entiendan la seriedad con la que se tomará el cumplimiento de los contratos, indicando que se iniciará un recorrido por cada una de las obras para supervisar su ejecución.
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«Los recursos del estado y del erario público son sagrados, y nosotros tenemos que invertirlos con la mayor eficiencia y mayor eficacia posible», afirmó Matiz, subrayando el compromiso de su administración con la gestión transparente y responsable de los fondos públicos.
La iniciativa de la gobernadora del Tolima representa un paso significativo hacia la mejora de la administración pública en la región, buscando garantizar que los proyectos de infraestructura no solo cumplan con sus objetivos de desarrollo, sino que también reflejen un manejo honesto y efectivo de los recursos estatales.