El hombre conocido como el guardián del puente de la variante, se encuentra ante un futuro incierto después de que un juez no protegiera sus derechos fundamentales en un reciente fallo judicial.
Víctor Guerrero ha sido reconocido por su valiente labor en la caseta «El Varientazo», ubicada cerca al puente de la variante, en las afueras de la ciudad de Ibagué, donde ha salvado numerosas vidas al prevenir intentos de suicidio y brindar apoyo emocional a quienes lo necesitan.
Sin embargo, una decisión judicial reciente ha dejado en entredicho la continuidad de su labor, ya que un juez no protegió los derechos fundamentales de ‘don Víctor’, lo que significa que una inspección de Policía deberá recuperar el predio donde está ubicada la caseta.
Este fallo judicial ha generado preocupación entre la comunidad, que reconoce la importante labor de Guerrero en la prevención del suicidio y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad emocional.
Ahora, el futuro del ‘guardián’ del puente de la vida de Ibagué está en juego, mientras se espera conocer más detalles sobre las medidas que tomarán las autoridades para recuperar el predio.
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Sobre el particular, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la APP GICA S.A. emitieron una declaración conjunta para aclarar las acciones tomadas en relación con la protección del espacio público en este importante corredor vial y expuso las razones técnicas por las que ha buscado desde hace un tiempo recuperar este predio que hace parte del proyecto doble calzada Girardot – Ibagué – Cajamarca.
“En el caso de la venta informal, denominada el “El Varientazo O Avenazo” localizada en la Ruta 40 TLC PR 10+400, en cercanías del Puente de la vida, en el municipio de Ibagué, se informa a la Comunidad en general, que se encuentra ubicada en la zona de incorporación para el ingreso a la vía nueva hacia el Totumo, en lo que constituye la zona lateral de la carreta, causando no solo la ocupación irregular del Espacio Público, sino creando un riesgo para los Colombianos, usuarios del proyecto, para el mismo ocupante irregular y todo el personal atraído al punto”, dice el comunicado.
La APP GICA aclaró que el proceso adelantado no obedece a una acción personal, en contra de un particular específico, por el contrario, se trata del cumplimiento de una función pública de control a cargo de la Concesionaria, en el marco del Contrato de Concesión 002 de 2015, que, en todo caso, respeta la Constitución y la Ley.
