La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Isabel, Rodolfo Andrés López Sierra, por presunto incumplimiento de una sentencia judicial definitiva, emitida el 7 de febrero de 2022, que ordenaba el pago de más de 360 millones de pesos a varios ciudadanos por concepto de reparación directa.

La decisión judicial, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, le imponía al municipio la obligación de pagar $360.950.000 a favor de los demandantes, como compensación por daño moral. Sin embargo, pese a estar ejecutoriada y plenamente vigente, el entonces alcalde —quien ocupó el cargo hasta el 31 de diciembre de 2023— habría omitido su cumplimiento durante toda su administración.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, esta omisión podría comprometer gravemente la responsabilidad disciplinaria del exmandatario, al tratarse de un incumplimiento flagrante de una orden judicial. “Los servidores públicos tienen el deber legal y constitucional de acatar las decisiones judiciales. El incumplimiento afecta no solo los derechos de los ciudadanos afectados, sino también la credibilidad institucional”, indicó el órgano de control.

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El proceso disciplinario avanza conforme a lo establecido en el Código General Disciplinario y busca establecer si el exalcalde incurrió en una falta gravísima al no ejecutar la sentencia en su calidad de representante legal y ordenador del gasto del municipio.

Este caso se suma a otros episodios donde el incumplimiento de fallos judiciales por parte de funcionarios públicos pone en entredicho la eficacia de las instituciones y el respeto por el Estado de Derecho.

La Procuraduría continuará con la investigación para determinar las responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan en derecho.